Estudio la contratación de Seguridad por el Sector Público

LA CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD POR EL SECTOR PÚBLICO

En esta última figura, se observan varios hechos muy significativos:

Se ha producido un fuerte incremento del importe licitado, un 52% de media, que llega al 79% en el caso de pasajeros de El Prat, donde tuvieron lugar los sucesos del verano de 2017. Cabe destacar la desaparición de Prosegur como adjudicatario, manteniéndose el resto de los proveedores habituales con distintos porcentajes,. Desaparecida la subasta electrónica, se han reducido las bajadas a un 1,34% de media y sólo en Andalucía superan el 3%. En tres casos, el precio de adjudicación coincide con el de licitación. El contrato de El Prat pasajeros se adjudica con una bajada del 0,50% respecto al impor- te de licitación; en la licitación anterior (2015) la bajada fue del 2,09%. El contrato de Canarias Oeste se ha declarado desierto, pese a existir un único licitador, Ombuds. Esta empresa y Abydos, han sido excluidas de todas sus licitaciones. El panorama de las empresas adjudicatarias ha cambiado radicalmente, de forma que, en esta ocasión, dos empresas, Ilunion y Trablisa, se reparten el 62% del importe de las licitaciones. Los contratos de seguridad privada definidos por Aena Sociedad Mercantil Española S.A, están regulados por la ley 31/2007 de 30 de octubre, en aquellos aspectos que les son de aplicación, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones. Se adjudican en base a una evaluación de las pro- puestas técnicas y económicas, exigiéndose unos mínimos de calidad técnica del 60% (70% en los últimos pliegos) sin ponderación técnico-económica. Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas son de una claridad y previsión extraordinarias a la hora de desplazar responsabilidades hacia los proveedores, identificando múltiples supuestos que dan lugar a situaciones de “no conformidad” en la prestación de los servicios. Se incluyen para ello una serie de indicadores de nivel de servi- cio exhaustivos, y en ocasiones inadecuados, con la pretensión de garantizar su calidad en base a un no menos exhaustivo régimen de penalizaciones. A título de ejemplo, se exponen algunos de estos indicadores: 5.3 Modelo de contratación

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ANÁLISIS PERÍODO 2007-2017. Fundación Borredá