Estudio la contratación de Seguridad por el Sector Público

LA CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD POR EL SECTOR PÚBLICO

1. INTRODUCCIÓN Durante los meses de julio y agosto de 2017 asistimos en España a un hecho insólito: la huelga de los vigilantes de seguridad, trabajadores de una empresa de seguridad priva- da, que produjo un grave impacto en el normal funcionamiento del aeropuerto de El Prat, en Barcelona. La trascendencia del hecho y su incardinación en una situación de elevada amenaza terrorista, que de hecho se materializó durante este episodio precisamente en Barcelona, obliga a una reflexión profunda sobre sus causas, así como sobre las acciones necesarias para evitar su repetición en el futuro que, necesariamente, habrán de incidir en nuestro modelo de seguridad privada en su conjunto. En primer término, debemos constatar que no se trata de un hecho aislado, toda vez que la tendencia de la contratación pública durante la crisis ha sido la reducción del precio de los contratos, por los mismos servicios, con la correspondiente reducción de márgenes para las empresas. Si a esto unimos un excesivo apetito de riesgo, en ocasiones, por parte de las empresas, que se han visto obligadas a asumir estas condiciones para su supervivencia, es fácil comprender como la situación ha perjudicado al eslabón más débil de la cadena que es el personal de seguridad privada. En particular, a raíz del conflicto de El Prat, los vigilantes de seguridad de otros aeropuertos, pertenecientes a diferentes empresas, amenazaron con secundar la huelga, lo que no se llevó a efecto gracias al éxito de las acciones de contención emprendidas desde diferentes ámbitos. A mayor abundamiento, son de dominio público los frecuentes problemas de algunas empresas para cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, mientras siguen obteniendo contratos con la Administración. Esta situación se agrava por la existencia de empresas que han recurrido a prácticas éticamente rechazables para mejorar sus márgenes a costa de las retribuciones de sus trabajadores. Como consecuencia, resulta lógico que el personal habilitado para el ejercicio de funcio- nes de seguridad privada busque mejorar su situación económica acudiendo a ofertas de empleo en sectores más rentables para sus intereses. Se produce así una descapitalización de profesionales cualificados cuya reposición resulta especialmente complicada en situa- ciones en las que, por elevación de la amenaza, se requieren refuerzos o nuevos servicios. Esta situación, ya padecida en un pasado no muy lejano y que, a pequeña escala, se repitió en el conflicto del aeropuerto de Barcelona, conduce a la contratación intensiva de personal insuficientemente preparado y, en definitiva, a una merma del nivel de calidad de los servi- cios con el consiguiente impacto en la percepción de la fiabilidad de la seguridad privada. La situación no es mejor para las propias empresas proveedoras de servicios, habida cuenta de que la facturación total del sector en España durante 2016, arroja una cifra to- davía inferior a la conseguida en 2006, aunque suponga una subida del 4,83% en términos interanuales. En todo caso, la facturación recuperada en los dos últimos años solo alcanza

4 ANÁLISIS PERÍODO 2007-2017. Fundación Borredá