Estudio la contratación de Seguridad por el Sector Público

LA CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD POR EL SECTOR PÚBLICO

En todo caso, es evidente que lo que está en cuestión no es la subasta electrónica en sí misma, sino el uso que se hace de este procedimiento, o cualquier otro que incluya sucesivas rondas de negociación entre los licitadores con el exclusivo propósito de bajar los precios. El objeto de estas sucesivas rondas no puede ser otro que servir a los intereses del Estado, facilitando la mejora de la calidad de las ofertas sobre la base de reestructurar cualquiera de sus elementos. Por otra parte, ningún efecto perverso sería posible si no entrase en juego el desorde- nado apetito de riesgo de los licitadores, que buscando la posición dominante que les da la obtención de un “supercontrato” con la Administración, pujan por debajo de sus márgenes a sabiendas de que el complejo sistema de penalizaciones incorporado, que escapa a su control, pone en riesgo real sus beneficios y aún más, puede conducirles a una situación de pérdidas. Es un hecho conocido que, precisamente esta circunstancia está detrás del abandono de algunos procesos de licitación por parte de importantes compañías de seguridad.

Ningún efecto perverso sería posible si no entrase en juego el desordenado apetito de riesgo de los licitadores, que buscando la posición dominante que les da la obtención de un “supercontrato” con la Administración, pujan por debajo de sus márgenes

Frente a esto, sólo cabe esperar, además de un uso racional del recurso a la subasta electrónica, que los servicios de inspección del Estado que actúan por mandato de la Ley de Seguridad Privada u otras normativas sectoriales, cumplan con su función ejerciendo el más riguroso control tanto del desarrollo de los servicios, como de las circunstancias que concurren en los contratos y que pueden dar lugar a situaciones de riesgo insoportables para la seguridad de determinadas instalaciones estratégicas.

30 ANÁLISIS PERÍODO 2007-2017. Fundación Borredá