Estudio la contratación de Seguridad por el Sector Público

LA CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD POR EL SECTOR PÚBLICO

4.6 Penalizaciones

En numerosas ocasiones, el contratante prevé un sistema que penaliza los incumplimien- tos del contratista o incluso aquellas desviaciones sobre las condiciones de ejecución de los servicios que merecen una sanción económica. En este sentido, hay modelos perfectamen- te procedimentados, hasta el punto de contar con un sistema de gestión de calidad que in- cluye una supervisión permanente de los indicadores predefinidos, entre los que podemos encontrar desde un plan de gestión de reclamaciones, hasta un índice de percepción del servicio por parte de los usuarios. En un pasado reciente se aplicaba el límite del 20% del precio para las penalizaciones; actualmente no existe tal limitación y las penalizaciones pueden llegar a tal magnitud que puedan hacer percibir la actuación de la Administración como de enriquecimiento ilícito, elevándose el riesgo de pérdidas hasta ser la causa del desistimiento de muchas empresas a participar en licitaciones en estas circunstancias. Es evidente la importancia del sistema de penalizaciones y su impacto en las cuentas de resultados cuando los márgenes de beneficio de las empresas proveedoras se reducen pe- ligrosamente por la dura competencia en tiempos de crisis. Por esta razón es deseable que los criterios para definir los indicadores se ciñan a la actividad contratada; sin embargo, hemos visto cómo algunos se basan únicamente en percepciones subjetivas de comodidad expresadas por usuarios de las instalaciones, sin cualificación para emitir opiniones en materia de seguridad.

El sistema de penalizaciones, por su impacto en las cuentas de resultados cuando los márgenes de beneficio de las empresas proveedoras se reducen peligrosamente por la dura competencia en tiempos de crisis, debe ceñirse a la actividad contratada

En otras ocasiones, nos encontramos cláusulas para la protección de la imagen del con- tratante que penalizan no sólo el incumplimiento de los procedimientos establecidos, ac- tuaciones indebidas o negligencias, sino la repercusión que estos incumplimientos tengan en los medios de comunicación o incluso en las redes sociales, lo que obviamente escapa al control del proveedor.

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ANÁLISIS PERÍODO 2007-2017. Fundación Borredá