Estudio la contratación de Seguridad por el Sector Público

LA CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD POR EL SECTOR PÚBLICO

CONCLUSIONES La crisis económica ha impuesto a la Administración una reducción del gas- to, que ha alcanzado incluso a los contratos de seguridad. Las empresas prestatarias de servicios se han visto obligadas a aceptar las nuevas condiciones, pero con la re- ducción de sus márgenes se produce una pérdida de calidad que, en el caso de los productos y servicios de seguridad, es intolerable. Ante una situación como la vivida, la reducción del importe de las licitaciones debe ir acompañada de un esfuerzo de pla- nificación y priorización que reduzca, de forma eficiente, los costes. En los contratos de seguridad, la Administración debe ser enormemente cauta al uti- lizar procedimientos negociados para abaratar los precios y extremar las medidas de control para minimizar el impacto de un desordenado apetito de riesgo por parte de los licitadores y la concurrencia de proveedores con mínimas garantías de calidad. En particular, procedimientos como la subasta electrónica con el único objetivo de reducir los precios, han demostrado su ineficiencia . Al margen de ineficiencias, la Administración ha proyectado una imagen letal para el valor de los servicios privados de seguridad , desinteresándose por su calidad y buscando sólo bajar su precio. Recuperar su credibilidad exigirá una labor concertada de todos cuantos intervienen en la planificación y desarrollo del modelo. Con independencia de lo inadecuadas que pudieran resultar algunas prácticas en la contratación de seguridad privada por el sector público, hay que poner de manifiesto que las capacidades de inspección y control de la Administración no se han desplegado en todo su potencial , tanto en el ámbito laboral y de Seguridad Social, como en el cumplimiento normativo general y sectorial. Existe una gran disparidad de criterios a la hora de establecer las cláusulas que rigen los contratos de servicios de seguridad por parte del sector público, tanto desde el punto de vista administrativo como técnico. Sería deseable que se unificasen estos criterios en unas cláusulas de uso verdaderamente general para homogeneizar la actuación de los diferentes órganos de contratación y favorecer la contratación social y técnicamente responsable . Es preciso tomar conciencia de que la contratación de servicios de seguridad por parte del sector público requiere un tratamiento diferenciado. España vive en situación permanente de alto nivel de alerta antiterrorista y precisa un sistema público de seguridad especialmente eficiente. El Ministerio del Interior debe tutelar la contra- tación estableciendo las condiciones básicas por las que se ha de regir para garantizar una contratación técnicamente responsable.

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ANÁLISIS PERÍODO 2007-2017. Fundación Borredá

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